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La responsabilidad médica.

Seguramente en más de una ocasión nos hemos encontrado con la circunstancia de

haber obtenido un resultado no esperado en alguna acción médica y como es lógico, a su

vez, surge la duda de si tendríamos derecho a reclamar o si por el contrario no hay nada

que hacer, por lo que vamos a intentar analizar algunas cuestiones para poder arrojar algo de luz en un tema bastante ensombrecido.

Lo primero que debemos aclarar es que en la relación médico paciente, nos encontramos

ante lo que la doctrina considera como una “obligación de medios” y no de resultado, o

dicho de otro modo, el médico está obligado a utilizar todos los medios que dispone a su

alcance pero no está obligado a curar o salvar la vida, por lo que dicha actuación se

deberá ajustar a las buenas prácticas o lo que se conoce como la “lex artis ad hoc” ya

que, no existe una ley escrita que establezca cómo debe ser el proceder médico, pero

serán diligentes las conductas que sean apoyadas por la mayoría del colectivo y

por el contrario, será negligente toda conducta que se aparte del criterio mayoritario.

Obviamente estamos analizando la responsabilidad civil de las conductas culposas o negligentes, dejando al margen aquéllas que puedan ser dolosas o imprudentes, las cuales se sustancian por la vía penal, ya que como establece el art. 10 CP. “son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley”, con la correspondiente responsabilidad civil derivada del delito que ello conlleva, como la

restitución, reparación del daño o la indemnización.

Lo primero que tenemos que preguntarnos como víctima es si hemos sufrido un daño y

si además dicho daño debe ser asumido o no ya que, no todo daño es susceptible de ser indemnizado, existiendo lo que se conoce como los daños derivados de los “riesgos

generales de la vida” que, son los que se producen sin ser culpable nadie y que las

personas debemos entender y asumir por formar parte de la vida cotidiana.

Fuera de ese caso o el de fuerza mayor, nadie está obligado a asumir un daño antijurídico, por lo que, deberá existir un daño, una conducta médica y una relación de causalidad entre el daño y la acción médica, lo que se conoce como el “nexo causal”.

Dicho daño para ser indemnizado debe ser a su vez evaluado económicamente y en

principio la carga de la prueba de la existencia del daño, recae sobre la propia víctima, así como probar la relación causal.

Respecto a la prueba de la conducta negligente del personal médico, hay ciertas

diferencias según los casos.

Por un lado el art. 1902 CC, establece que: “el que por acción u omisión causa daño a

otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado” por lo

que, la víctima deberá probar que la conducta del personal médico no fue diligente,

produciendo así, en ocasiones, situaciones en las que la víctima está en una situación de

dificultad para poder probar dicha actuación negligente ya que, además como se sabe, el acceso al historial médico, resultados de pruebas, etc. es bastante complicado para las personas ajenas al ámbito sanitario.

En base a lo anterior y a tenor de lo dispuesto en el art. 217 LEC, aunque la carga de la

prueba corresponde al actor y al demandado reconvenido, los tribunales podrán invertir

la carga de la prueba en función de la disponibilidad y la facilidad probatoria de las

partes.

Para apreciar dicha circunstancia se ha establecido lo que se conoce en la doctrina como el “daño desproporcionado” que, es aquél que no se hubiera producido si la actuación médica hubiese sido la correcta, por lo que, ante un daño evidente y desproporcionado, se establece una presunción de culpa por parte del personal sanitario, el cual le corresponde a éste el probar que actuó con la diligencia exigida y que el daño producido no tuvo que ver con su actuación. Es lo que se conoce como la regla “res ipsa liquitur”, (la cosa habla por sí misma).

Hemos de poner de manifiesto que no se trata de un tipo de responsabilidad objetiva ya que, en tal caso no sería necesaria la prueba de la diligencia, pues bastaría con probar el daño y el nexo causal, de lo que se trata entonces es de establecer una responsabilidad directa del médico o en el caso de centros hospitalarios, una responsabilidad por el hecho ajeno, contemplada en el art. 1903 CC por la que, se hace responsable a los dueños o directores de establecimientos médicos de los daños producidos por el personal a su servicio, sin perjuicio de que puedan repetir contra ellos lo que hubieran tenido que asumir ya que, están bajo el control del empresario, lo que se conoce como culpa “in vigilando in eligendo”.

Todo lo explicado anteriormente responde a la regla común, pero en el caso de la

responsabilidad sanitaria de los centros públicos, hay que mencionar que no es de

aplicación lo contenido en el Código Civil ya que, tiene su propia legislación al respecto, en concreto la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el que se establece un tipo de responsabilidad objetiva, contemplada en el art. 32, en el que se reconoce el derecho a ser indemnizado “por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley”.

De lo que se trata es de favorecer a la víctima ante la prueba de unos daños, independientemente de la conducta del personal sanitario ya que, la víctima únicamente tendrá que probar la relación del nexo causal entre el daño y la acción médica.

La administración tendrá que responder de forma objetiva en la que, únicamente podrá

verse reducida su responsabilidad si la actuación de la víctima contribuyó al daño, lo

que se conoce como concurrencia de culpas o si la acción de un tercero fue la que

provocó el daño ya que, en dicho caso se rompería el nexo causal, produciendo así una

exoneración de la responsabilidad.


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