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Cierre establecimiento por Covid


CERRADO POR COVID.

Seguramente te habrás encontrado en más de una ocasión con este cartel en la puerta de algún establecimiento e incluso lo hemos llegado a ver normal ya que, desde la publicación del Real Decreto de Estado de Alarma 463/2020, se estableció la obligación de cerrar toda actividad abierta al público que no fuera esencial, debido a la situación de pandemia que sufrimos, pero surge la duda y muchos se preguntarán si deben soportar los dueños de los locales y establecimientos las pérdidas producidas por la decisión de dicho cierre.


En este artículo no vamos a centrarnos en la idoneidad o no de dichas medidas, pues eso debe abordarse desde un debate científico, no siendo por lo tanto materia de nuestro conocimiento, por lo que únicamente vamos a centrarnos en si dicha obligación de cierre tiene o no derecho a ser resarcida desde un punto de vista técnicamente jurídico.


Pasemos a repasar de modo breve nuestro ordenamiento jurídico aplicable a dicha situación y sin ánimo de ser exhaustivo, siendo la intención del presente artículo orientar hacia la totalidad del público y no necesariamente al lector jurista.


Dejando de un lado la responsabilidad patrimonial del Estado y las causas de fuerza mayor, lo más rápido y sencillo, si tenemos un negocio, es comprobar las coberturas de nuestra póliza de seguro.


Son muchas las compañías de seguro que ofrecen la cobertura de “perdida de beneficios o lucro cesante”, por lo que será lo primero que debemos acudir para ver si existe derecho a reclamar.


Si tenemos dicha cobertura, es posible que tengamos derecho a reclamar y sí, he dicho bien “es probable”, porque obviamente el Derecho no es una ciencia exacta y todo dependerá de cada caso y de como fundamentemos nuestra pretensión.


Si tenemos alguna de dichas coberturas, seguramente estará establecida en el apartado de condiciones generales, pero tendremos que observar minuciosamente el apartado de condiciones particulares para ver si existe algún tipo de vinculación para que nazca el derecho a ser indemnizados.


Podemos observar que la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en adelante la LCS, establece en su artículo primero:


El contrato de seguro es aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas.”


Vemos que se tienen que dar varias circunstancias. Primero que se produzca el evento y que además esté cubierto y dentro de los límites que se hayan pactado.


Esto último es lo que más controversia crea y es el motivo por el que se está llevando a los tribunales los litigios en materia de cierre por la declaración del Estado de Alarma.


Como es lógico la situación de cierre por pandemia no estaba especificada en ninguna de las coberturas de las aseguradoras, siendo por ello el motivo de desestimación cuando realizamos cualquier reclamación, pero la jurisprudencia viene estableciendo que las limitaciones de las coberturas especificadas en las condiciones generales deben ser especificadas de forma clara, compresible y firmadas de forma diferente, para poder otorgar el asegurado un consentimiento debidamente informado.


A tal efecto el artículo 3 de la LCS así lo establece:

Las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados, habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si la hubiere y necesariamente en la póliza de c

ontrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurado y al que se entregará copia del mismo. Las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y precisa. Se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito.”


Es aquí donde la mayoría de las pólizas suelen pecar ya que, pocas son las que tienen bien especificadas las condiciones particulares y mucho menos firmadas de forma independiente de las condiciones particulares.


Hay que decir, además, que en la terminología jurídica se suelen distinguir dos tipos de cláusulas en los contratos y sobre todo en los de seguro, al establecer “cláusulas delimitadoras y limitativas” por las que, en las primeras tratan de delimitar y precisar el objeto de cobertura del contrato, siendo las últimas, “las limitativas”, las que vienen a establecer los límites de indemnización o exclusión de las coberturas de las condiciones generales.


Si no existe vinculación en las condiciones particulares sobre la indemnización por pérdida de beneficios o el lucro cesante, debe entenderse que una vez producida la situación que provoca la disminución de los beneficios, nace la obligación de indemnización. Y ello es debido a que debe realizarse una interpretación “numerus apertus o de forma extensiva” de las condiciones generales, no pudiendo vincularlas o limitarlas si no es por las casusas establecidas en las condiciones particulares, que en este caso tienen consideración de “numerus clausus” o dicho de otro modo, “únicamente serán de aplicación las circunstancias especificadas, no siendo posible realizar interpretaciones extensivas”, pues de lo contrario se convertirían en otro tipo de cláusulas, establecidas por nuestro Tribunal Supremo, conocidas como “cláusulas sorprendentes”.


Dichas cláusulas vienen a realizar una interpretación que desnaturaliza el objeto del contrato o, dicho de otro modo, el asegurado de haberlas conocido no hubiera aceptado la contratación de dicha cláusula.


Como es evidente, no vamos a encontrar una cláusula sorprendente redactada en ninguna póliza de contrato, el problema vendrá porque la aseguradora vinculará la cobertura general que da el derecho de indemnización a algún tipo de circunstancia no especificada, pero interpretada de forma limitativa y restringiendo nuestro derecho.


En conclusión, si tenemos un negocio que se ha visto obligado a cerrar por culpa de las restricciones del Covid y tenemos póliza de seguro, debemos ponerla en manos de un profesional para ver si existe posibilidades para solicitar que seamos indemnizados, pero tendrá que ser cada caso analizado de forma individual.

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